Administración financiera municipal

Economista, ex-Asesor Económico del Síndico del Distrito Nacional, ex-Secretario Técnico del Ayuntamiento Santo Domingo Este y ex-Director de Impuestos y Rentas Municipales del Ayuntamiento del Distrito Nacional

gemta156@yahoo.es

11.08.2010 - La eficiencia en la administración tributaria y el mayor dinamismo de la economía ha permitido en los últimos años un aumento en la participación de los ingresos tributarios dentro del total de los ingresos totales. Debido a que el incremento de los ingresos municipales (de los ayuntamientos) ha sido beneficiado por las reformas fiscales de los gobiernos, el crecimiento económico y la disminución de la evasión fiscal, ellos tienen un crecimiento negativo en sus recaudaciones internas.

La política fiscal es uno de los mejores instrumentos para aumentar la redistribución del ingreso, y por tanto para mejorar la calidad y cantidad de vida de la población, sobre todo si disminuyen los impuestos generales al consumo, que afectan a toda la población.

Si el contexto nacional e internacional determina las políticas del Estado hacia los Ayuntamientos y los diversos, múltiples o variados intereses de los ejecutivos del gobierno central influyen en su aplicación, no menos complejos y difíciles son las situaciones internas del municipio, del Concejo de regidores y de los funcionarios municipales.

La administración tributaria es muy sensible a los intereses políticos, económicos, gerenciales y tecnológicos, y es muy usada como instrumento de privilegios, discriminaciones y presiones política, comercial y personal, por lo cual la evasión fiscal es un mecanismo de enriquecimiento y financiamiento de múltiples actividades de particulares en detrimento del interés social.

Esa deficiente cultura impositiva se refleja en mayor medida en los Ayuntamientos del país, donde se justifica, en parte, por los insuficientes servicios que prestan a la población, pero no por lo que deberían aportar para mejorar las infraestructuras, la calidad de los gastos sociales y contribuir al desarrollo tecnológico y económico del municipio que administra.

En la gestión municipal estas deficiencias y vicios son mayores, y se han incrementado al aumentar los ingresos o aportes gubernamentales, la descentralización y las deficiencias de las instituciones de control.

En cuanto a los ingresos, se debe realizar una reestructuración de las leyes y resoluciones impositivas para aumentar los impuestos patrimoniales, a las utilidades y a los altos ingresos, aumentar la base imponible, aplicar penalidades y cobros compulsivos para los evasores, así como mayores controles internos que impliquen (entre otros) cruce de informaciones entre oficinas recaudadoras, mejorar la supervisión fiscal, aumentar y aplicar las penalidades impositivas, vinculaciones entre los organismos de pago y las entidades recaudadoras, etc.

En lo referente al gasto público, debe eliminarse el dispendio o derroche, restringiendo y estableciendo menores partidas y mayores controles, entre otros, a la publicidad, viajes al exterior, gastos de representación (dietas, viáticos, etc.), recepciones, combustibles, uso discrecional de los vehículos, disminución de subsidios, eliminación de intermediarios en las compras y suministros, cambio de vehículos de lujos por automóviles modestos, eliminar la garantía del Estado a la inversión privada, pago del Estado de compromisos internacionales de empresas privadas, etc.

El presupuesto de ingresos y ley de gastos públicos padece de múltiples fallas estructurales y tradicionales,  tales como: la subestimación de los ingresos, la estratégica clasificación de los gastos en partidas de difícil aplicación, la alta discrecionalidad que se le concede al poder ejecutivo para el uso de los excedentes, la falta de sanciones por su incumplimiento, los requerimientos para su aprobación congresional, etc., ampliándose estas diferencias y vicios. En los gobiernos locales los Síndicos son pequeños dioses/caudillos que otorgan favores económicos y no pagan según una múltiple escala de valores personales, políticos y de plazos, habiendo gran impunidad judicial en los dos (02) casos: los ayuntamientos han incrementando sus cuentas por pagar, no revelándolas ni reconociéndolas… y sin pagar muchas de ellas. Hasta cobrando un 10-20% para pagar.

Aunque en los Ayuntamientos es cada vez mayor la participación de las organizaciones de bases en la formulación del presupuesto local (vía el presupuesto municipal participativo y otras), realmente no hay una política integral de desarrollo municipal, ya que ellos tienen una gran tendencia al gasto en infraestructura y embellecimiento.

A pesar de la ley de contratación de obras del Estado, violada constantemente por el gobierno Central, los Ayuntamientos no se han dado por enterados y continúan la práctica de entregar una obra para el beneficio de una persona, dividida en presupuestos no mayores de RD$500,000.00 para colocarla a nombre de varias personas, las cuales solo se enteran cuando firman el contrato y cuando les entregan pequeñas porciones de los beneficios.

Supuestamente los informes trimestrales de ejecución presupuestaria son conocidos y aprobados por los concejales, pero estos con frecuencia los aprueban con sesiones de escritorio.

Debe haber mayor supervisión de la formulación y ejecución de los presupuestos de los Ayuntamientos, para asegurarse evitar los derroches, corrupción y/o torpe asignación de recursos, para que sean priorizados según las necesidades de las municipalidades.

Debe realizarse una mayor fiscalización por parte de las áreas de control financiero del Estado (Cámara de Cuentas, Contraloría, etc.), informe exhaustivo de los gastos y establecimiento de sanciones cuando haya diferencias porcentuales mayores del 20% entre lo programado y lo ejecutado por sectores y por partidas, sobre todo por organismos y/o dependencias.

En dimensiones menores, y en sus respectivos espacios, los gobiernos locales (Ayuntamientos) tienen las mismas características presupuestarias que el gobierno central, pero agravadas por su excesiva dependencia de los aportes y subsidios gubernamentales y la falta de  capacidad gerencial, de visión y/u objetivos, convirtiéndose en conformistas con los niveles de recaudaciones, no haciendo los cambios estructurales, de procedimientos y políticas que requiere una auténtica reforma integral de esas áreas.

Las relaciones políticas y jurídicas, la creación artística y la producción de ideas reflejan las relaciones de producción y están ligadas a la actividad material de las personas, por lo cual en los conflictos políticos se manifiestan instrumentos de difusión y de defensa de intereses específicos de diferentes categorías y de clases sociales, las cuales tienen intereses contrarios, pero no antagónicos y luchan por la toma del poder político para consolidar su posición económica.

En ese sentido, uno de los diversos factores que afectan negativamente los ingresos de los cabildos es un aumento del gasto fiscal, producto de numerosas leyes de incentivos o de exenciones, muchos de los cuales buscan atracción de inversiones o nuevas tecnologías, fomento de industrias estratégicas, promover áreas geográficas deprimidas, diversificar la estructura económica, generar empleos o condiciones de equidad.