Incumplimientos Gubernamentales

07.12.2010 - El 26 Septiembre del cursante año el Presidente de la República Dominicana sometió al Congreso Nacional el Presupuesto General de Ingresos y Ley de Gastos Públicos para el año 2011, el penúltimo de su actual mandato, y la ocasión es propicia para evaluar el cumplimiento de la nueva y actual Constitución de la República Dominicana y de las diferentes leyes que la sustentan, la mayoría de ellas auspiciadas por la actual gestión de gobierno.

La creación, el funcionamiento y desarrollo de las instituciones, unido al Estado de derecho o cumplimiento de la legislación vigente, con modificaciones planificadas por consenso y en función de planes integrales de desarrollo económico y social, son fundamentales para atraer los necesarios capitales e inversiones extranjeras y cultura gerencial con fines de incrementar la producción de bienes y servicios, la competitividad, la productividad, tecnología, conocimientos, empleos, maquinarias, etc.

En ese sentido, la incidencia del Estado es esencial para la credibilidad y seguridad de las decisiones a adoptar e implementar por personas e instituciones, nacionales y extranjeras, en diversos campos de las actividades humanas, debiendo ser ejemplo a seguir en las funciones públicas y privadas.

De esa manera, la formulación y ejecución del presupuesto general de ingresos y ley de gastos públicos, más que una declaración de intenciones, debe ser una rigurosa demostración de la planificación de un país , y aunque su cumplimiento es por un año, es una expresión de nuestra visión de corto, mediano y largo plazo en el cual plasmamos las que son las prioridades del gobierno y el cumplimiento de la constitución y las leyes de la nación.

En la República Dominicana , el cumplimiento del presupuesto siempre ha sido problemático, no solo por la tradición de desorden, improvisaciones e impunidad, el incumplimiento de las leyes, y sobre todo debido a los intereses personales, partidarios y políticos de corto plazo del Poder Ejecutivo, los cuales han sido elevados a la enésima potencia por las actuales autoridades gubernamentales… y de casi todos los poderes del Estado en posesión mayoritaria de un solo partido político.

Estos incumplimientos gubernamentales al presupuesto público, a plena luz del día, a la vista de todo el mundo, sin el menor recato, sin sanciones ni críticas consistentes, sin sometimientos judiciales, está manifestándose en contrastes con un gobierno inteligente y confiable, que sea eficiente, participativo, equitativo, institucionalizante y transparente .

Las partidas legales que durante los últimos seis (06) años han sido notarios por su incumplimiento en la asignación de fondos han sido: educación (nacional, superior y de la UASD), ayuntamientos y Liga Municipal Dominicana, Junta Central Electoral y Partidos Políticos, Suprema Corte de Justicia y Ministerio Público, el Congreso Nacional, la Cámara de Cuentas, Ministerio de Juventud y la ley de recapitalización del Banco Central de la República Dominicana.

Estas y otras constantes e impunes violaciones a la Constitución de la República y a las leyes adjetivas establecidas deben ser objetos de profundas reflexiones de las fuerzas vivas de la nación y priorizar su cumplimiento a través de un pacto político-social que establezca un plan para el desarrollo económico y social de la nación, que de manera real sea identificada y establecida una reestructuración estratégica a varios niveles (productiva, financiera, crediticia, presupuestaria, legal, etc.) de carácter institucional y que resulte creíble, factible y sostenible, en base a criterios de planificación estratégica situacional, priorización social, optimización real de recursos, haciendo énfasis en la relación costos/beneficios, efectivas inversiones públicas, eficiencia y eficacia gerencial y operativa con altos criterios técnicos, con aplicación de sanciones por tipos de violaciones, comenzando por la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del presupuesto nacional.

Establecer prioridades y acciones de corto, mediano y largo plazo, gestionar y racionalizar los recursos, cumplir la legislación vigente y ser rígidos en la aplicación de las sanciones establecidas, llevando al Estado a su propia legalidad y respetar las instituciones, son normas requeridas para garantizar el desarrollo económico y social a varios niveles y diferentes plazos, pero con el pueblo dominicano como centro y actor principal.