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Fondato, Edito e Diretto in Santo Domingo da Giovanni GARIBALDI - 1997 -


PRIMA SETTIMANA DELL' ENERGIA - RD

DISCURSO
Lic. Maria Teresa Costa

El Papel de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía en el Fomento de un modelo energético sostenible

Santo Domingo, 14 de enero de 2008

Autoridades, señoras, señores,...
Antes de iniciar mi ponencia, permítanme agradecer la amable invitación del Gobierno de la República Dominicana a participar en esta primera Semana Internacional de la Energía (SEIDE) que nos debe permitir debatir y reflexionar sobre un aspecto tan importante como es la consecución de un modelo energético sostenible respetuoso con el medio ambiente.
Un modelo energético sostenible que permita la consecución de soluciones viables y de bajo impacto medioambiental a los importantes retos a los que se enfrentan nuestros respectivos países.
En mi doble faceta de Presidenta de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía (ARIAE) y de la Comisión Nacional de la Energía quisiera centrar mi ponencia en el papel que juega y debe jugar la regulación en la consecución de un modelo energético sostenible, económica y medioambientalmente hablando.
Sin duda la regulación deber ser compatible con los aspectos medioambientales y en ello está dedicando grandes esfuerzos tanto ARIAE como la Comisión Nacional de Energía.
Todo ello con un objetivo muy claro, el de garantizar la sostenibilidad energética.
La sostenibilidad energética no es más que ser conscientes a nivel de sociedad de que es necesario garantizar el desarrollo económico de los países sin comprometer el medio ambiente, en definitiva la salud de nuestro planeta, y todo ello en beneficio de las generaciones futuras.
Dicha propuesta del desarrollo sostenible es formulada oficialmente en 1987 por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) (constituida por el secretario general de las Naciones Unidas en 1983) a través del documento titulado Nuestro futuro común.
La idea es hacer sostenible el desarrollo, crear una nueva era de crecimiento económico que permita solucionar los problemas del mundo, especialmente los de los países subdesarrollados.
Nuestro futuro común define el problema y el Programa 21 (Agenda 21), estrategia internacional presentada en 1992 durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Cumbre de la Tierra) celebrada en Río de Janeiro y en el 2002 en la Conferencia Mundial sobre Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, establece las medidas a seguir para instrumentar las políticas recomendadas.
La humanidad en su conjunto se enfrenta los siguientes problemas energéticos:
- al menos una tercera parte de la población mundial no tiene acceso a la energía comercial (combustibles fósiles y electricidad), sufriendo por esta razón dificultades productivas, económicas e inseguridad;
- el sistema energético actual no es capaz de sostener un crecimiento económico vigoroso dado su carácter limitado;
- el impacto ambiental causado por la producción y el uso de energía amenaza la salud y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
En definitiva, no podemos dañar el medioambiente porque este daño es irreparable e irreversible, pero tampoco podemos prescindir de la energía como motor de crecimiento de nuestras economías.
La cuestión de la sostenibilidad energética como concepto conciliador de estas dos realidades sigue siendo un reto y preocupación para los Gobiernos.
Con unas pautas de consumo energético, en las que los combustibles fósiles han jugado y siguen jugando un papel protagonista en la conformación de las sociedades industriales es necesario avanzar en la búsqueda e implementación de soluciones.
Sin caer en los argumentos del determinismo energético, si que es cierto que actualmente el 80% de la energía primaria que consumida a nivel mundial tiene su origen en los combustibles fósiles, con un horizonte temporal de disponibilidad más bien limitado.
Un horizonte temporal, que según las últimas estimaciones varía entre los 40 años del petróleo o los más de 200 años del carbón, pero que en definitiva es limitado.
Si no somos capaces de avanzar como sociedad hacia un modelo sostenible sin duda el futuro no parece todo lo halagüeño que debería ser.
Es por ello que es necesario dar un impulso decidido a un modelo de desarrollo energético sostenible, con una serie de medidas tanto desde el lado de la demanda, es decir los consumidores, como desde el lado de la oferta, las empresas energéticas.
Tecnologías limpias de generación (energía solar fotovoltaica y térmica, energía eólica, biomasa, pilas de combustible, etc), sistemas de control/captura de emisiones, sistemas eficientes de regulación técnica a pesar de que han experimentado un gran desarrollo en los últimos años constituyen todavía un campo en el que necesitamos seguir avanzando.
Para todo ello, el desarrollo tecnológico y, en definitiva, la inversión en investigación y desarrollo en estas tecnologías son aspectos a fomentar por parte del marco regulatorio a la hora de consolidar una oferta energéticamente sostenible.
Sin duda para la implementación de todas estas medidas, la regulación energética debe jugar un papel clave.
Ahorro y eficiencia energética, fuentes renovables de energía, seguridad de suministro, diversificación del abastecimiento energético, control de emisiones, entre otros, son conceptos que han trascendido al lenguaje cotidiano de muchos ciudadanos y de los que se ocupa la regulación energética.
Hablar de sostenibilidad energética es asimismo hablar del compromiso de todos en el uso racional de la energía.
Pero, eso no es todo.
La regulación energética permite internalizar los costes medioambientales. De forma indirecta, mediante fijación de precios (impuestos, incentivos,…) o de cantidades (asignación de derechos de emisión, certificados verdes…) es posible hacer pagar más a los que más contaminan y, por tanto, incentivar los comportamientos empresariales respetuosos con el medio ambiente.
Se podría hablar largo y tendido al respecto de todos estos mecanismos.
No obstante, y aunque la Comisión Nacional de Energía está actuando de forma intensa en todos estos aspectos encaminados a la definición e implementación de un modelo energético sostenible, especialmente en su faceta regulatoria, quisiera finalizar mi ponencia presentándoles las iniciativas que se están impulsando desde el ámbito de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de la Energía.
Pero antes de ello, permítanme darles, a aquellos que no conocen ARIAE, unas breves pinceladas sobre la Asociación.
La Asociación Iberoamericana de Entidades Reguladoras de la Energía (ARIAE) se constituye formalmente el 17 de marzo de 2000 en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), si bien en un principio como asociación de reguladores en el ámbito de la Energía Eléctrica.
ARIAE extendió su objeto al resto de los sectores de la energía, según el acuerdo adoptado en la junta ordinaria anual celebrada en el mes de Mayo de 2000 en Lisboa, y actualmente reúne a organismos reguladores de energía de 19 países iberoamericanos como son Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Portugal, República Dominicana, Uruguay y Venezuela.
ARIAE constituye una gran plataforma -un foro permanente- para el intercambio de información y de experiencias de gran utilidad en el ejercicio de la función reguladora que nos compete en el ámbito de nuestros respectivos sistemas energéticos. Sistemas con peculiaridades distintivas, pero que se benefician de la cooperación en actividades de interés común que promueve la Asociación en todo el ámbito iberoamericano.
Transcurridos diez años desde el primer encuentro de reguladores iberoamericanos celebrado en Santiago de Compostela - momento de arranque de la voluntad de consolidar el proyecto asociativo- , son varios los logros alcanzados por la Asociación ARIAE.
Enunciaré tres de ellos: por un lado, ha habido en estos años un fluido intercambio de información entre nosotros; por otro, se ha desarrollado también un vivo debate regulatorio en los distintos foros de encuentro organizados en el ámbito de los reguladores de ARIAE; y, en tercer, que no en último lugar, se ha propiciado la capacitación de nuestros cuadros técnicos mediante la organización de cursos sobre aspectos relevantes de la función y el quehacer regulador de los organismos que representamos.
Los reguladores integrantes de la Asociación compartimos objetivos comunes.
Objetivos que luego se concretan en distintos sistemas o modelos de regulación, pero que buscan, todos ellos, transparencia y eficiencia en beneficio de los consumidores.
Entendemos, en definitiva, que una regulación transparente y eficiente de los sectores energéticos, que facilite el aprovisionamiento y el acceso a la energía a precios asequibles, y con niveles adecuados de calidad, es la mejor forma de servir a los consumidores y de promover el desarrollo económico de nuestros países.
En este contexto, a raíz de los diferentes acuerdos adoptados por parte de su Asamblea General, la Asociación asume un nuevo cometido como es el fomento de la sostenibilidad energética.
El grave problema que supone el cambio climático exige adoptar un comportamiento respetuoso con el medioambiente, a través del ahorro y eficiencia energéticos, del mix tecnológico y de la incorporación de innovaciones que ayuden a reducir los efectos contaminantes de algunas tecnologías de producción, hasta tanto y cundo no se produzca un salto tecnológico que permita disponer de sistemas productivos y de provisión y consumo de energía compatibles con la conservación del medioambiente.
En este marco de relaciones con los reguladores que formamos parte de ARIAE, surge como objetivo estratégico, el impulso en Latinoamérica de las energías renovables y, de forma coordinada con las diferentes Oficinas de Cambio Climático, se asume como objetivo impulsar algunos de los instrumentos previstos en el Protocolo de Kyoto.
Como ustedes ya saben, con objeto de luchar contra el cambio climático, en 1997 se firmó el Protocolo de Kyoto, mediante el cual las Partes Contratantes se comprometieron a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), expresadas en dióxido de carbono equivalente, al menos un 5,2% en el período 2008-2012, respecto a los niveles de emisiones del año base.
Dicho Protocolo, que entró en vigor el pasado 16 de febrero de 2005 una vez que fue ratificado por el 55% de las Partes Contratantes del Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, propone tres mecanismos flexibles para facilitar el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones: el mecanismo de implementación conjunta (AC), el mecanismo de desarrollo limpio (MDL) y el comercio de derechos de emisión.
Los mecanismos de desarrollo limpio son mecanismos basados en proyectos, permitiendo a las Partes Contratantes, incluidas en el Anexo I de la Convención Marco de las Naciones Unidas, obtener créditos asociados a proyectos con los que se logren reducciones o limitaciones de emisiones.
Asimismo, este mecanismo establece la obligatoriedad de que el proyecto se realice en países en desarrollo no incluidos en dicho Anexo I, de forma que indudablemente estos proyectos pueden contribuir a la transferencia de tecnología y favorecer al desarrollo sostenible en los países de acogida de los proyectos.
En este sentido los reguladores energéticos constituyen una de las piezas clave para impulsar y apoyar la ejecución de proyectos MDL en el sector de ahorro y eficiencia energética y, sobretodo, la generación a partir de fuentes renovables, y en general identificar las barreras existentes en el marco regulatorio de cada país para el desarrollo de estos proyectos.
De esta forma, se puede favorecer conjuntamente el desarrollo energético sostenible y la seguridad de suministro energético, aprovechando las iniciativas y los recursos adicionales que proporcionan los MDL.
En este ámbito de actuaciones, el MDL programático permite evolucionar hacia un sistema de reducción de emisiones a mayor escala, a menor coste y con la implicación de los promotores públicos en sus diferentes niveles.
Latinoamérica, por sus características energéticas, tiene un gran potencial para albergar estos proyectos y conseguir que estas inversiones tengan un impacto real en sus políticas de desarrollo energéticas.
Ustedes se pueden plantear qué papel juegan los organismos reguladores iberoamericanos en un ámbito tan específico como el fomento de los mecanismos de desarrollo limpio.
La respuesta es que puede y debe jugar un papel clave en el fomento de los mecanismos de desarrollo limpio por una serie de motivos.
La promoción de estos proyectos está afectada por factores de diversa naturaleza relacionados con la propia rentabilidad y coste de las inversiones, costes financieros, etc., pero también por otro tipo de factores relacionados con la propia normativa medioambiental, aprobación de los proyectos, permisos administrativos para la ejecución de los proyectos, explotación de las instalaciones y desarrollo de las actividades.
Es en este ámbito de factores donde es necesario y factible aportar un impulso institucional por parte de los reguladores con el objeto de allanar los obstáculos o dificultades que puedan acontecer en las diferentes etapas o fases del proyecto.
En el ámbito específico de Latinoamérica, los reguladores de la energía, de acuerdo con sus competencias, constituyen una excelente plataforma para apoyar institucionalmente el desarrollo de proyectos MDL a emprender por las empresas españolas en el mencionado ámbito geográfico.
Es por ello que, dada la confluencia en ARIAE de los reguladores de la energía iberoamericanos y dados los beneficios recíprocos que se pueden derivar por un lado para las empresas españolas de los sectores de la energía y por otro para los propios países iberoamericanos receptores de la inversión y de la transferencia de tecnología, ARIAE se ha propuesto liderar este objetivo de impulso a los proyectos de inversión en el ámbito de los mecanismos flexibles contemplados en el Protocolo Kyoto en el ámbito geográfico de Latinoamérica.
El éxito de esta iniciativa, así como del resto de iniciativas impulsados por cada uno de los reguladores en sus respectivos países, es trabajo de todos, tanto del sector público como del sector privado.
Las fuentes de energía renovables contribuyen, entre otros efectos positivos, a la compensación y reducción de los niveles de emisión de gases de efecto invernadero que se derivan de las infraestructuras y actividades energéticas.
Y abren nuevas oportunidades al conjunto de los países iberoamericanos, como receptores de inversiones que ponen a disposición de la economía tecnologías avanzadas y que permiten un desarrollo energético sostenible.
Sin duda desarrollar un auténtico modelo energético sostenible redundará en beneficio de la sociedad en su conjunto, y sin duda de las generaciones futuras.
Y con esta reflexión final me gustaría finalizar mi intervención, agradeciendo a SEIDE su amable invitación.
Muchas gracias por su atención.

Maria Teresa Costa

Presidenta de la Comisión Nacional de Energía de España, María Teresa Costa, en la Semana Internacional de la Energía.


 
 
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