Somenten
a la Justicia al Cardenal y obispo por "proteger"
a los haitianos
Un
grupo de ciudadanos de esa provincia hizo el sometimiento
contra los representantes de la Iglesia Católica
Santo
Domingo, 16.01.06 - Al problema de la migración
haitiana se sumó otro elemento de conflicto. Un
grupo de ciudadanos de San Pedro de Macorís, provincia
dominicana de la costa Este, sometió a la Justicia
al arzobispo de Santo Domingo, Nicolás de Jesús
Cardenal López Rodríguez, al obispo
provincial Francisco Osoria, y al sacerdote Christopher
Hartley, párroco de San José de los
Llanos.
A los tres se les acusa de atentar contra la integridad
de la República Dominicana al proteger supuestamente
a los haitianos en detrimento de los dominicanos. Además
de cardenal, López Rodríguez es el arzobispo
de Santo Domingo, ciudad primada de América.
De
acuerdo a la demanda, el cardenal López Rodríguez,
el obispo Ozoria y el sacerdote Hartley han violado la
ley al disponer la colocación de letreros en español
y el cróele en el Hospital Regional Doctor Karl
Theodoro George, con la finalidad de facilitar los servicios
a los haitianos, además de haber cambiado el nombre
al centro de salud.
Se
les acusa, además, de haber sometido a la justicia
a ciudadanos dominicanos por, supuestamente, defender
"la integridad territorial y la autodeterminación
del pueblo dominicano, oponiéndose a que se le
entregue una parte del territorio nacional a extranjeros,
con el objetivo de crear un enclave anti-nacional dentro
del territorio dominicano que sería un caballo
de Troya para su destrucción como lo fue Kosovo
en el plano internacional".
Entre
el grupo de demandantes figuran Juan Vicente Vásquez
de León, Juana Margarita González Guerrero,
Daysi González, Yolanny González y Julián
Antonio Decena García, quienes tienen como abogados
demandantes a los doctores Jorge Tomás Mora Cepeda,
Dr. Daniel Moquete Ramírez.
El
grupo sostiene que los Tribunales de la República
deben ser garantes de la defensa del territorio y la soberanía
nacionales, de lo que resulta que el Tribunal Penal de
San Pedro de Macorís por ningún motivo puede
conocer ni decidir que se le entregue una parte del territorio
nacional a extranjeros "por la simple voluntad del
Obispo Francisco Ozoria Acosta ni del nacional británico
Christopher Hartley".
Reclaman
que se condene a los demandados al pago de una indemnización
de RD$3 millones para cada uno de los demandantes.
SORPRESA
Al
involucrar el cardenal Nicolás de Jesús
López Rodríguez, la demanda no dejó
de causar sorpresa entre ciudadanos dominicanos, toda
vez de que al también arzobispo de Santo Domingo,
se le ubica entre los sectores nacionalistas y conservadores
que se oponen a la migración masiva de haitianos
al territorio dominicano.
En
cuando a Ozoria, éste se ha visto involucrado en
varios conflictos, entre ellos otro de carácter
judicial en el cual se acusa a un grupo de personas de
San Pedro de Macorís de violar la Ley 5869 sobre
derecho de propiedad, lo cual tiene que ver con un proyecto
de apartamentos construido por el Estado en San José
de Los Llanos, algunos de los cuales han sido ocupados
ilegalmente, incluso por nacionales haitianos.
En
el caso se cita también al padre Christopher Hartley,
cura párroco de San José de Los Llanos,
zona de conflictos permanentes entre dominicanos y haitianos
que se han agravado con la presencia del sacerdote español
cuya expulsión del país ha estado sendo
reclamada por gente de la comunidad.
Incluso,
un grupo de ciudadanos y ciudadanas de San José
de Los Llanos integraron una entidad llamada "Movimiento
Reindependentista", cuyos afanes patrioteristas coinciden
con los intereses de los productores azucareros de la
región este del país.
Su
principal objetivo, la expulsión del país
del sacerdote español, los llevó a llenar
a todo el pueblo de grafittis y a distribuir pasquines
donde cuestionan la reputación del cura.
Entre
los miembros del grupo que rechaza al sacerdote figura
Eurípides Eusebio, ex esposo de la diputada del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Rafaela "Lila"
Alburquerque, con quien procreó tres hijos.
Alburquerque,
oriunda de San José de Los Llanos, también
se sumó a las voces que repudian al sacerdote español.
En unas declaraciones públicas recientes ofrecidas
desde la Cámara de Diputados, la legisladora demandó
a las autoridades la expulsión del religioso.
FIRME
CON LA AYUDA DEL ABISPADO
El
padre Hartley, mientras tanto, se mantiene firme denunciando
supuestos atropellos en su contra y debatiéndose
en los medios de comunicación con cuántos
"nacionalistas" y funcionarios dominicanos osen
cuestionar su obra a favor de los haitianos cañeros
donde opera su ministerio.
Para
ello, el sacerdote ha contado siempre con el apoyo del
obispado y la comunidad religiosa de la llamada sultana
del Este, encabezada por Francisco Ozoria, a quien ahora
se le acusa judiciamente de prohaitiano, junto a su defendido.
Hasta
una carta pastoral, leídas en parroquias y capillas,
fue emitida por el obispado en días redientes a
favor de Hartley, en la cual se afirmaba que las acusaciones
contra el sacerdote provienen de grupos con "falsas
pretensiones nacionalistas de dominicanidad" que
pretenden movilizar a la opinión pública
para expulsar de la República Dominicana al sacerdote
y a los haitianos que viven en el territorio nacional.
La
carta pastoral sostenía que la labor de formación
de la Iglesia Católica, representada por el padre
Hartley, consiste en hacer que los moradores de los bateyes,
tanto dominicanos como haitianos, tomen conciencia y se
organicen, lo que está dificulta mantener el régimen
laboral abusivo al que tradicionalmente han estado sometido.
Denunciaba
que la historia de los trabajadores haitianos y dominicanos
en los bateyes ha sido de maltrato físico de los
trabajadores; retención contra su voluntad en los
campos de trabajo; salarios inicuos; engaños; despidos
improcedentes, caprichosos y sin indemnización;
condiciones habitacionales inhumanas; trabajo infantil;
falta de acceso a la educación en igualdad de oportunidades;
falta de acceso a la salud, por incumplimiento del pago
al Instituto Dominicano de la Seguridad Social (IDSS)
de la cuota retenida por las empresas a los trabajadores,
y el ineficaz servicio de las actuales Aseguradoras de
Riesgos de Salud (ARS).
Asimismo,
aseguraba que los haitianos han sufrido un régimen
de opresión y terror sostenido por las armas de
los guarda campestres y las amenazas de la administración;
falta de acceso a los recursos de la justicia; deportaciones
ilegales, usurpando atribuciones propias de la Dirección
General de Migración; formas de pago a través
de "vales" que les someten a la usura; inexistencia
de contratos de trabajo avalados por la Secretaría
de Estado de Trabajo; tráfico ilegal de personas
y no regulación legal del estatus migratorio de
los trabajadores; exclusión del régimen
municipal, entre otros males. Asegura que la labor del
padre Hartley ha afectado las ganancias económicas
de unas empresas situadas.
