domingo,
mayo 15, 2005
Autoridades dominicanas expulsan en masa a miles
de haitianos/as y dominicanos/as de ascendencia haitiana
PETICIÓN
- DOCUMENTO OFICIAL del SERVICIO JESUITA a REFUGIADOS
y MIGRANTES
El Estado dominicano debe interrumpir
de inmediato todo tipo de operativo militar que
ha venido realizando en estos días en muchas
comunidades de la zona noroeste del país para
lograr la expulsión de todos los haitianos
y los dominicanos de ascendencia haitiana, violando
las leyes nacionales e internacionales vigentes en
materia de derechos humanos.
En
estos momentos, por el puesto fronterizo de Dajabón,
están siendo expulsados/as hacia Haití
cientos de niños, niñas, mujeres embarazadas
y trabajadores migrantes sin verificar el status legal
de su permanencia en la República Dominicana,
basándose solamente en el color de su piel.
Ya han sido expulsadas alrededor de 2,000 personas:
entre ellos/as muchos/as nacionales dominicanos/as
de tez negra por su ascendencia haitiana.
Esta
acción, que no podrá ser tolerada a
nivel nacional e internacional, expone el país
a ser sancionado por los organismos internacionales.
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Las
expulsiones masivas han tenido origen en la difícil
situación que se ha producido en la comunidad
de Hatillo Palma (Montecristi) tras
el asesinato de una mujer por manos de presuntos nacionales
haitianos, el pasado lunes 9 de mayo de 2005. Es el
quinto caso de asesinato de personas residentes en
la comunidad atribuido a nacionales haitianos en los
últimos tres años. Este último
caso desató la irá de grupos de ciudadanos/as
armados/as, quienes obligaron a la minoría
haitiana, bajo amenaza de muerte, a abandonar sus
casas, muchas de las cuales fueron luego saqueadas.
La comunidad entera, para evitar más muertes,
ha exigido el apoyo de las autoridades para expulsar
de inmediato a todo/a migrante haitiano/a, ya sea
que se encuentre viviendo de manera legal o ilegal
en Hatillo Palma.
Los/as hatilleros/as repiten “Ya no queremos
ni un haitiano en nuestro pueblo”.
A
este pedido, las autoridades, en vez de responder
al solo fin de protección de la minoría
haitiana amenazada de muerte, están aprovechando
la ocasión para llevar al cabo la más
grande expulsión masiva de los últimos
años, extendiéndola a toda la zona noroeste.
Aunque las autoridades militares y de la Dirección
General de Migración argumenten que se
está tratando de un operativo de “repatriación”
contra los/as migrantes ilegales, el Servicio Jesuita
a Refugiados/as y Migrantes (SJRM), a través
de su personal ubicado en la frontera norte dominico-haitiana,
sigue acogiendo a decenas de niños y niñas
con certificados de nacimiento dominicano; adultos/as
con cedulas de identidad dominicana; haitianos/as
con pasaportes y visados vigentes; trabajadores migrantes
con permisos de trabajo temporal expedido de manera
legal por las autoridades dominicanas que están
involucradas en los hechos de los últimos días.
El SJRM define todo esto como una “expulsión
indiscriminada, ilegal e inhumana”.
Las autoridades están
violando el debido proceso de repatriación
establecido por la ley de Migración n°
285-2004 y por el Protocolo de entendimiento
sobre mecanismos de repatriación entre la República
Dominicana y la República de Haití,
sucrito el 2 de diciembre de 1999. Además,
se está violando la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (CADH), en lo que se refiere
a los derechos de los/as extranjeros/as que se encuentren
legalmente en el territorio de un Estado parte del
convenio y expresamente la expulsión colectiva
de extranjeros/as (art. 22.9 CADH).
Contrariamente a lo establecido por estas normas,
en los últimos días han llegado al paso
fronterizo de Dajabón (RD), más de
2,000 personas y las autoridades anuncian que el número
aumentará considerablemente en los próximos
días. El SJRM exige la interrupción
inmediata del operativo, evitando así que se
sumen más pruebas a las que ya existen, suficientes
para demandar al Estado dominicano ante los órganos
internacionales.
Las personas que están siendo transportadas
a Dajabón en volteos, camiones militares y
autobuses de la Dirección General de Migración
para la deportación hacia Haití, cuentan
la forma en la cual han sido deportados/as: sacados/as
de sus casas a las seis de la mañana y montados
en los vehículos sin permitírseles recoger
sus pertenencias; sin tener el tiempo de avisar a
sus familiares, dejando atrás algún
hijo/a o uno de los padres. Muchos dominicanos
de ascendencia haitiana están declarando que
las autoridades de migración les despojaron
de los documentos de identidad personal que podían
probar su derecho a permanecer de manera legal en
el país que los vio nacer. Estas personas,
después de pocas horas de viajes, se encontraban
en un país donde nunca habían estado,
sin nada de comer y sin saber donde dormir.
Tan solo en el día 13 de mayo de 2005, se
expulsaron a 756 personas. Entre los casos que
el personal del SJRM pudo dar seguimiento, se constataron:
-
53 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia
haitiana debidamente documentados;
- 12 ciudadanos/as dominicanos/as de ascendencia
haitiana despojados de sus documentos de identidad
cuya existencia fue verificada en el padrón
de la Junta Central Electoral dominicana;
- 21 familias que dejaron uno o más
niños del lado dominicano.
La
ciudad fronteriza haitiana de Wanament está
sumergida en un estado de grave emergencia frente
a esta llegada masiva, descontrolada e inesperada
de expulsados/as, debido a la inexistencia de los
más mínimos servicios básicos,
tales como agua, luz, alimentación y escasos
servicios médicos.
Esta
grave situación humanitaria, que corre el riesgo
de agravar la ya difícil relación entre
los dos pueblos que comparten la Isla Hispaniola,
en un momento de grave vacío político
que está viviendo la República de Haití,
es el fruto de la “doble moral” con
la que están actuando las autoridades dominicanas.
Por un lado, siempre han estado rechazando la presencia
haitiana en el país, pero por el otro la necesitan
por la falta de mano de obra en renglones claves
de la economía, beneficiándose de la
condición de debilidad y vulnerabilidad en
la que se encuentran los trabajadores migrantes y
sus familias.
No
es un secreto que las miles de personas que se encontrarán
en el territorio haitiano al final de esta expulsión
masiva, buscarán todos los medios legales e
ilegales a su disposición para regresar a los
lugares de trabajo y a las casas que tuvieron que
dejar abandonadas con todas sus pertenencias. Las
autoridades de la República Dominicana solo
deben esperar que eso pase para empezar a contar sus
ganancias: en el caso de cruce legal, serán
miles los nuevos carnés de trabajo temporal
y centenares los pasaportes que necesitarán
nuevas visas; en el caso de cruce ilegal, serán
muchos los miles de pesos en sobornos que se repartirán
entre los militares asignados en los puestos de chequeos
fronterizos y en el interior del país.
Es
responsabilidad del Director General de Migración,
Carlos Amarante Baret, detener inmediatamente
estas expulsiones masivas y trabajar para que se
conviertan en repatriaciones ordenadas y respetuosas
de la dignidad humana de toda persona que se encuentre
de manera irregular en el territorio dominicano.
Confiamos
en el sentido de responsabilidad del excelentísimo
Presidente de la República, Leonel Fernández
Reyna, el cual es un gran conocedor de las repercusiones
negativas que estas prácticas puedan ocasionar
a la imagen internacional de la República Dominicana
y a su economía, que se sostiene en gran parte
por la exportación de productos agrícolas
y por el turismo proveniente de países
que son sensibles a este tipos de violación
a los derechos humanos. Una expulsión masiva
de esta dimensión, solo puede entenderse como
una excusa para desviar la atención de la
opinión pública de los reales problemas
internos y externos del país, tales como
los megaproyectos millonarios de construcción
de metro para la ciudad de Santo Domingo y la utilización
de fondos públicos para invertir en un hospital
privado en Santiago de los Caballeros, entre otros.
El
Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes/SJRM
pide que el Estado dominicano asuma su responsabilidad
para formular una clara y justa política
migratoria en la cual se respeten las leyes nacionales
e internacionales vigentes en materia de derechos
humanos de todas las personas, sin importar su raza,
sexo, idioma y religión, que contribuya a detener
la entrada ilegal de los migrantes y favorezca las
relaciones con las personas que residen de manera
legal en el país.
Escrito
por SOLIDARIDAD FRONTERIZA a las 8:19:01 PM
